INTRODUCCIÓN

El origen de los servicios deportivos municipales tiene su marco legal en la Constitución Española y en los Estatutos de las Autonomías, que junto con la Ley de Bases de Régimen Local, principalmente, se encargan de regular sus competencias.

Son estos entes locales, los que al asumir sus competencias, se encargan de impulsar la práctica del deporte en un ámbito municipal con la intención de fomentarlo y de garantizar su acceso en las mejores condiciones posibles a todas las personas que lo deseen sin limitaciones de sexo, condición física o nivel socioeconómico.

Las administraciones locales han asumido este papel por ser las células más cercanas a los ciudadanos ya que a nivel local es donde se sitúa el eje principal para desarrollar la práctica de las actividades físicas y son los que mejor pueden atender sus demandas.

En los primeros años se produjo un enorme esfuerzo inversor, por las Administraciones públicas, que se vio reflejado en una importante dotación de instalaciones deportivas y una mayor oferta de actividades. Esto hizo que aumentasen los índices de práctica deportiva y que se consolidasen los municipios como uno de los pilares básicos en los que se apoya el deporte en nuestra sociedad.

Centraron su prioridad en construir instalaciones deportivas, en diseñar diferentes programas. El objetivo era atraer al ciudadano a la práctica deportiva, la búsqueda de la participación sin importar otros conceptos.

Como indican autores como Puig (1994) o Teruelo (1996), el aumento en la práctica deportiva está íntimamente unido al auge en la construcción de instalaciones deportivas. Este aumento ha provocado que la práctica deportiva se haya incorporado a los hábitos de vida y exista una adherencia al deporte en nuestra sociedad. Tal y como se recoge en un estudio realizado por Sánchez et al. (2002) en Castilla-La Mancha un 43,4% de los habitantes de 25 a 55 años realizan algún tipo de actividad física o deporte de manera habitual.